15 de noviembre de 2016

Paridad para la participación en la negociación de paz

 

Por Diana Granados Soler

La participación social es uno de los temas de amplia discusión en la coyuntura política colombiana sobre todo a partir de las múltiples reacciones tras los resultados del plebiscito por la paz que le otorgaron el triunfo al “No” con un 50,23% de votos a favor y evidenciaron una de las abstenciones más altas: 62,59%. Resulta, entonces, importante abordar algunos aspectos con el propósito de enriquecer la discusión sobre la participación, de un lado, el lugar de la misma en los procesos de negociación de paz a partir los esquemas planteados por las mesas entre el gobierno y las FARC en La Habana y entre gobierno y el ELN en Quito, de otro, el análisis de la “paridad” como una concepción clave para contribuir con una visión amplia sobre el derecho a la participación para la paz.

 

Participación: ¿resultado o proceso?

 

Las agendas de negociación de paz de La Habana y Quito incorporaron la participación como un componente estratégico, pero en dos niveles diferentes. Mientras que en la primera se asumió como un tema sobre el cual se esperaba concretar medidas para ser implementadas en una posible fase de post acuerdo, en la segunda, la participación aparece como una estrategia para el propio curso de la negociación, es decir, la definición de un mecanismo que asegure la participación social amplia a lo largo de todo el proceso.

En la mesa del gobierno y las FARC, la participación política fue el segundo punto abordado por las partes y sobre él existe una serie de acuerdos referidos a las garantías para la oposición política, la promoción de la participación ciudadana y política en igualdad de condiciones para todos los sectores, especialmente los más afectados por el conflicto.

 

El enfoque que dio La Habana al tema de participación política desde la perspectiva de “aperturas democráticas” revela en gran medida la precariedad de este derecho y sus pocas garantías a pesar de la pretendida descentralización política de los noventa y la existencia de una ley sobre mecanismos de participación, entre otras herramientas jurídicas existentes en el orden nacional. En este sentido es, apenas, comprensible que la participación haya sido objeto de esta negociación de paz. La participación ha estado vaciada de capacidad de decisión para las mayorías. La corrupción, el centralismo político, las alianzas y redes de élites locales funcionales a poderes políticos nacionales, la eliminación física y las amenazas a liderazgos comunitarios y organizativos, han sido grandes barreras para que la participación sea posible. Podríamos inferir que la negociación con las FARC apostó a lograr, especialmente, garantías de participación para los movimientos políticos y organizativos de arraigo comunitario, incluyendo el que surja de las propias FARC.

 

Las medidas específicas incluidas en el acuerdo final de La Habana están dirigidas a evitar la persecución política, la violación de derechos humanos y establecer garantías para hacer política sin armas. El Estatuto de oposición, la creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz (CTEP), programas de convivencia y prevención de la estigmatización, medios de comunicación para los nuevos partidos y las organizaciones sociales y comunidades, programas educativos para promover una cultura política democrática y participativa, promoción de la participación política de las mujeres en lo electoral pero también en las instancias que creen los acuerdos en todos sus ámbitos son las propuestas vertebrales de este acuerdo. El acuerdo sobre el fin del conflicto también incluye algunas medidas sobre participación política como la financiación estatal para el movimiento político que salga de las FARC y el aseguramiento de representación política a través de algunas curules transitorias en el Senado y la Cámara.

 

El acuerdo incluye un enfoque de género que, entre otros aspectos, plantea el impulso y apoyo a la participación política de mujeres y LGTBI asegurando una representación equilibrada en todas las instancias que se creen con el acuerdo.

 

El resultado del plebiscito obligó a las partes a revisar de nuevo los acuerdos, escuchar las propuestas de los sectores que lideraron el “No” y preguntarse por las razones del 60% de la población que no acudió a las urnas. Para destrabar el acuerdo, seguramente se tendrán que hacer modificaciones y será un pulso político de la dimensión de las mismas. No obstante, es de esperar que las columnas centrales no sean modificadas, la situación contraria pondría en aprietos especialmente a las FARC que logró posicionar un acuerdo que cuenta con el respaldo del grueso de su organización y con el 49,78% que votó por el “sí” en el plebiscito.

 

Sobre participación política, las salvedades que hacen algunos de los sectores promotores del No están centradas en que los integrantes de las FARC no puedan ejercerla mientras están en procesos de la Jurisdicción Especial para la paz, tampoco quienes sean responsables de crímenes de lesa humanidad, que los montos asignados al nuevo partido que surja de las FARC no sobrepasen los que se asignan a los actuales partidos, que se explicite la imposibilidad de que el partido político de las FARC use recursos ilegales (El Tiempo, 2016).

 

La participación es, entonces, una pieza nodal en la discusión sobre la negociación de paz. Las FARC reconocieron que en el inicio de la negociación abogaron por un mecanismo de participación directa del movimiento social en el proceso pero dicha propuesta fue rechazada por el gobierno (Alape, 2016) De esta manera convinieron foros temáticos, un mecanismo web, encuentros con víctimas y otros actores. También, la subcomisión de género se creó como una instancia vinculante en los acuerdos, en gran medida, gracias a la presión de organizaciones de mujeres y LTGBI. 

 

Por su parte, el ELN insiste en la necesidad de la participación social en la negociación misma. Los acuerdos de La Habana en materia de participación en la medida en que se implementen pueden mejorar las condiciones para su ejercicio y los avances de la mesa con el ELN podrían reforzar una dinámica de mayor apropiación social sobre la paz que pueda pasar de un carácter consultivo – como el caso de los foros temáticos de la negociación de La Habana- a uno con mayor incidencia de la sociedad civil en los acuerdos.

 

Una de las perspectivas relevantes para abordar el derecho a la participación es la posibilidad de que ésta sea equilibrada y paritaria para quienes han estado excluidos o en condiciones desiguales para participar. Sobre el concepto de paridad, quiero abordar algunas reflexiones en el siguiente apartado de cara a la participación en la implementación de los acuerdos de La Habana cuando estos se destraben y en la negociación que inicia con el ELN.

 

Paridad para un mecanismo de participación social para la paz

 

La feminista Nancy Fraser (Fraser, 2015) ha explicado la necesidad de acompasar las demandas de distribución con las de reconocimiento para alcanzar una justicia de género, es decir, son tan necesarias las políticas para la independencia y autonomía de los sujetos para la participación como las de reconocimiento cultural que faciliten que todos los actores, sobre todo los más excluidos, sean reconocidos y puedan tener las mismas oportunidades de participación.

 

La “paridad de participación” es un concepto que ha cobrado importancia reciente en las discusiones sobre la justicia de género. Por ejemplo, países como Ecuador, Bolivia y Costa Rica en diferentes niveles han adelantado medidas jurídicas y políticas que reconocen e instan a la participación paritaria de género en la política. La paridad política es una medida más allá de las cuotas de participación, mientras que éstas son medidas temporales, la paridad tiende a ser más definitiva porque implica una redefinición del poder político para que sea compartido igualitariamente por hombres y mujeres (Albaine, 2016, p. 343).

 

Para Fraser la paridad no es exclusiva del género sino que aplica a otras posiciones de exclusión donde opera la injusticia en términos de redistribución y/o de reconocimiento como las asociadas a la clase o la identidad étnica, cultural y sexual.

 

Algunos análisis (Albaine, 2016) sobre la paridad política han observado que, sin tener un efecto directamente proporcional, los avances en leyes sobre paridad política no siempre tienen un correlato en la cultura política, generando que la participación paritaria se preste para ejercer violencia política de género, en gran medida porque diversos sectores de la sociedad no están culturalmente de acuerdo con una participación equitativa. La implementación de las leyes de paridad pareciera hacer más visible las prácticas violentas en el ámbito político en razón del género.

 

Sin embargo, no hay que equivocarse con la argumentación y razonar que la paridad política no debería darse mientras no haya cambios culturales tendientes a la disminución de las violencias. Todo lo contrario, resulta sumamente clave que las medidas jurídicas vayan acompañadas de cambios en la cultura política y siguiendo a Fraser que la paridad política no solo sea en términos numéricos, eso sería solo una parte de la dimensión del reconocimiento, es necesario que vaya acompañada de otras medidas tendientes a remover barreras materiales y culturales que impiden la participación en condiciones paritarias.

 

De esta manera, en mi opinión, de cara a las negociaciones de paz en el país, podemos anotar algunas ideas sobre el concepto de paridad que pueden contribuir al debate:

 

Para la implementación:

 

• La implementación de los acuerdos de La Habana, como lo ha venido sugiriendo el movimiento de mujeres, debería incluir en todas las instancias creadas en un posible post acuerdo la participación paritaria de la mujeres que les asegure a mujeres en posiciones de exclusión una participación equilibradas. Es decir, las mujeres campesinas, indígenas, negras, de barrios populares, deberían tener garantizada en el marco de la paridad condiciones para su participación en estas instancias.
 

• En la implementación, en aras de asegurar la paridad política es clave que la instancia que se cree para organizar el plan de general de implementación tenga una composición paritaria de género, con mujeres y LGTBI. Para ello es fundamental que se cree una comisión de mujeres y LGTBI cuyas propuestas para la implementación sean vinculantes y llevadas, a través de sus propias representantes, a la comisión central que organice el plan.

 

Para la participación en la negociación:

 

• Como mencioné anteriormente, la paridad puede trascender el género. Desde esta argumentación la discusión de un mecanismo de participación social para la paz en clave de paridad tendría que facilitar y de algún modo – institucionalizar- las composiciones numéricas de participación con igualdad de género, pero dentro de ellas asegurar equitativamente, por ejemplo en el caso de mujeres, la participación de mujeres indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, jóvenes, estudiantes, urbanas populares, académicas, etc. Es decir, no solo la paridad es una reivindicación de género también de otras posiciones de exclusión que deben estar presentes para asegurar una participación social más amplia y reconocer que las mujeres no son un grupo homogéneo sino que a su interior persisten distintas posiciones de desigualdad y exclusión producto de las condiciones inherentes al modelo patriarcal y al desarrollo del capitalismo.
 

• Un mecanismo de participación social para la paz debería considerar la paridad política en clave de género y al mismo tiempo para otras posiciones que ocupan las mujeres y que también han sido objeto de desigualdad y discriminación. De esta manera un amplio porcentaje de participación para “las mujeres” debería incluir porcentajes equitativos de mujeres campesinas, negras, indígenas, urbanas populares, LTBI y jóvenes, que son atravesadas por múltiples discriminaciones, dentro de ellas la de género.
 

•  Sobre el formato de participación: Si la paridad política asegura condiciones para participar en equidad, no solo el factor de composición numérica del mecanismo que se acuerde es clave, también lo es el formato del mismo. A lo largo de la negociación de La Habana, diversas delegaciones lograron ir al lugar de negociación para buscar diálogos bilaterales con las comisiones negociadoras. En la última fase de la negociación la subcomisión de género de las FARC habilitó diálogos vía virtual con diversos grupos de mujeres y sectores del país y, en particular, de las regiones, este mecanismo permitió acercar a las negociadoras con discursos, propuestas, críticas y opiniones de las mujeres. El ejercicio, fue promovido por la plataforma Mujeres por la paz, y en general favoreció acordar horarios, lugares accequibles a ambas partes. Evidentemente, lo que se espera con la mesa del ELN en materia de participación debe ir mucho más allá de estas estrategias, pero el ejemplo sirve para pensar la diversidad de formatos que pudiera utilizar el mecanismo de participación.
 

• Horarios, lugares de encuentro, estrategias de convocatoria y metodologías deben tener en cuenta que todos los actores no llegan con las mismas condiciones para el ejercicio de su participación y por tanto estos aspectos juegan un rol clave a la hora de estructurar el mecanismo de participación. En cierto sentido se trata de romper con la lógica machista de la política, que facilita la participación masculina escogiendo, por ejemplo, horarios, lugares y tiempos adecuados a los roles tradicionales masculinos obstaculizando la participación de las mujeres.

 

Finalmente, es importante acudir a mecanismos de participación arraigados y legitimados por las comunidades, sobre todo, en las que han sido mayormente afectadas por el conflicto. La participación debe involucrar a las comunidades y a actores relevantes de poder local, lo que podríamos llamar élites políticas locales al igual que funcionarios y funcionarias públicos. Para garantizar el derecho a la participación es fundamental aplicar el concepto de paridad política en género y en otras posiciones de exclusión para que la participación de las élites y el gobierno no imposibilite la participación amplia de mujeres, LGTBI y otros sectores en condiciones de desventaja.

 

Es decir, la participación de los poderes locales institucionales y económicos, es clave para asegurar la efectividad de los pactos y negociaciones reales para implementar medidas de paz, pero su vinculación no debe restar posibilidades y condiciones para que quienes han sido víctimas de la precariedad del derecho a la participación tengan mejores posibilidades para ejercer su derecho en la negociación.

 

Bibliografía

 

Alape, P. (2016). Saludo de las FARC-EP. La paz es incompleta sin el ELN. En V. De Currea-Lugo (Ed.), Metiéndole pueblo a la paz. Bogotá: PNUD, Asociación Minga, USO.

Albaine, L. (2016). Paridad de género y violencia política en Bolivia, Costa Rica y Ecuador. Un análisis testimonial. Ciencia política, 11(21), 335-363. http://doi.org/https://doi.org/10.15446/cp.v11n21.53903

El Tiempo. (2016, octubre 15). Las coincidencias en algunas peticiones para modificar acuerdo de paz. El Tiempo. Recuperado a partir de http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/propuestas-y-coincidencias-de-promotores-del-no-al-plebiscito/16727283

Fraser, N. (2015). Fortunas del feminismo. Del capitalismo gestionado por el estado a la crisis neoliberal (Vol. 1). Madrid: Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador IAEN. Traficantes de sueños. http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

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